La Universidad de Salamanca "puede comprometer su futuro"

 

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DEL CONSEJO DE GOBIERNO EN DEFENSA DE LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA

La sociedad española ha sufrido en los últimos años una crisis económica de

extraordinaria profundidad, que ha menoscabado los niveles de vida de los españoles

y dañado el funcionamiento de sus instituciones. Afortunadamente, sin embargo, se

acumulan hoy los síntomas de que la crisis empieza a quedar atrás y de que se abren

posibilidades de detener ese deterioro que hace unos meses parecían inabordables.

En este contexto, el Consejo de Gobierno de la Universidad de Salamanca desea

poner de manifiesto ante la opinión pública que el Estudio Salmantino, en vísperas

del Octavo Centenario de su fundación, se enfrenta a problemas muy graves, que

incluso pueden comprometer su futuro. Y requiere por ello el apoyo de todas las

instituciones de su entorno, tanto públicas como privadas, para que se pongan en

marcha las medidas que permitan revertir esta situación.

El Rector presidiendo el Consejo de Gobierno en el que se aprobó una declaración en defensa de la Universidad
- BARROSO-

1.- La Universidad de Salamanca ha perdido en los últimos años cerca de 350 trabajadores, entre profesores y personal de administración y servicios. Esta pérdida de personal tiene su origen en la denominada “tasa de reposición”, que en los últimos años ha impedido reponer 9 de cada 10 bajas de profesorado permanente (y todas las que se produjeran en el Personal de Administración y Servicios) y en 2015 sólo permite la reposición de 1 de cada 2 bajas, tanto de profesorado como de personal de administración y servicios. Por otro lado, la Universidad de Salamanca ha sufrido una merma en la financiación que recibe para afrontar sus gastos de personal de más de 20 millones de euros, careciendo por tanto de recursos económicos para sustituir con personal temporal a la mayoría de los profesores y miembros del personal de administración y servicios que la ley le prohíbe reponer.

2.- Por ello, tal y como en su día reclamaron unánimemente las Cortes de Castilla y León, se hace necesario que desaparezca cuanto antes cualquier tasa de reposición. Además, resulta preciso un compromiso de nuestra Comunidad Autónoma de que no seguirá reduciendo sus aportaciones para la financiación del personal. La Universidad de Salamanca cuenta con una de las plantillas más envejecidas de todo el sistema universitario español, por lo que la perduración de la tasa de reposición supone que es una de las que más personal pierde y de las que en mayor proporción ve reducido su presupuesto. En este sentido, la Universidad de Salamanca reclama expresamente un sistema de financiación de las universidades públicas de Castilla y León que se realice con criterios claros, objetivos y estables, y en el que se incluyan incentivos a las universidades que sean capaces de cumplir con los objetivos que les sean impuesto.

3.- El personal de la Universidad de Salamanca ha sufrido en los últimos años un deterioro de sus condiciones laborales que contribuye negativamente a la prestación del servicio público al que está obligado. Resulta necesario, por tanto, que desaparezcan las restricciones, tanto normativas como económicas, que hoy limitan la contratación de nuevo personal, conducen a la precariedad laboral e impiden que se cumplan las legítimas expectativas de promoción de su profesorado y su personal de administración y servicios.

4.- La Universidad de Salamanca, como el resto de las universidades públicas españolas, se encuentra abocada en los próximos años a una progresiva pérdida de estudiantes. Se hace necesario, por tanto, que los poderes públicos revisen todas las medidas que contribuyen a agudizar ese problema y en particular aquellas que implican una merma de nuestra capacidad para atraer estudiantes españoles y extranjeros.

5.- Las dificultades por las que atraviesa la Universidad de Salamanca constituyen un grave problema para su entorno social y económico, que tiene en la Universidad uno de su más importantes activos. Por ello recaba un apoyo explícito de dicho entorno para que los poderes públicos pongan en marcha, con la mayor urgencia, las medidas que contribuyan a mejorar una situación que empieza a resultar insostenible.

Consejo de Gobierno de 26 de marzo de 2015